«Los grandes ignorados»: Padre de joven asesinado por un menor pide penas «más proporcionales» al delito

En medio del debate por el endurecimiento de la Responsabilidad Penal Adolescente, el padre de un joven asesinado por un menor de edad cuestionó el actual sistema y pidió penas «más proporcionales» a la gravedad de los delitos, acusando que las víctimas han sido «los grandes ignorados en esta materia». El pasado lunes la comisión de Constitución del Senado aprobó aumentar las penas máximas para los menores infractores de ley y establecer criterios objetivos de determinación de condenas. NOTICIAS RELACIONADAS Grupo transversal de alcaldes de la RM rechazan rebajar responsabilidad penal adolescente 116 Alcaldes de Chile Vamos piden perfeccionar proyecto de responsabilidad penal adolescente: Critican reinserción 28 El autor de la iniciativa, el senador Andrés Longton (RN) señaló que «los tramos que hoy día llegaban a los cinco años de pena, quedaron en 10 años para los menores de 14 a 16 y entre 16 y 17 años, el tramo que era de 10 años, quedó en 15». Longton explicó que además se estableció una regla especial para la determinación de penas para menores de edad «para que no cambie dependiendo del tribunal donde caiga una determinada causa. Eso le da mayor objetividad y mayor certeza jurídica a las víctimas y las familias respecto a un catálogo de delitos violentos que hoy día los menores de edad están recuperando la libertad rápidamente». Cabe recordar que según el informe de Responsabilidad Penal Adolescente en Chile (2015-2025) de la Fiscalía Nacional, el 10% de los adolescentes infractores concentra el 43% de los delitos, mientras el 67,2% presenta trayectorias de baja intensidad y desistimiento temprano de la conducta delictiva. En medio de la discusión de la iniciativa han surgido relatos de víctimas que aseguran haber sido «ignorados» en la materia. A través de la carta «Clamando justicia por nuestros hijos» publicada hoy en El Mercurio, Andrés Cubillos, el padre de Andrés Felipe Cubillos Contreras, joven asesinado en 2017 por un menor de edad durante el robo, abordó el tema. «Ante el actual debate sobre la modificación de la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, escribo desde la vereda de las víctimas, los grandes ignorados en esta materia. En 2017, mi hijo Andrés Felipe (19 años) fue asesinado por un menor de 16 para robarle su celular, quien le propino una lesión penetrante cardíaca. Pese a la gravedad del delito, la pena efectiva del agresor fue de tan solo tres años en régimen cerrado», relató. La misiva continúa con que «esta desproporción revela el argumento que cruza todo nuestro sistema penal juvenil: el Estado ha articulado una justicia que prioriza solo al infractor, desplazando a las víctimas a un rango secundario. Bajo la bandera de un ‘Interés Superior del Adolescente’ desvinculado del bien común y de la justicia retributiva, se termina subvencionando la impunidad a costa del dolor de las familias afectadas». En ese sentido, «reducir la pena a una formalidad superficial no reinserta al joven ni protege a la comunidad; por el contrario, vacía de costo el acto de quitar una vida», Bajo ese contexto, el padre señaló que «exigimos una reforma legal que restablezca la proporcionalidad de las sanciones. Porque solo un castigo auténtico otorga la paz necesaria para llevar el duelo y ofrece al infractor una verdadera oportunidad de maduración y responsabilidad moral sobre sus actos». Alcaldes entran al debate En contraste, hace un par de días un grupo de alcaldes del oficialismo y la oposición expresaron su rechazo a la idea rebajar a 13 años la responsabilidad penal adolescente. En cambio, apuestan a endurecer sanciones y a la reinserción de los jóvenes. Los alcaldes expresaron su posición en una carta publicada por el citado medio, la cual fue suscrita por Camila Merino (Evópoli) de Vitacura, Claudio Castro (IND) de Renca, Carol Bown (UDI) de San Miguel, Gustavo Toro (DC) de San Ramón, Sebastián Sichel (IND) de Ñuñoa, Karina Delfino (PS) de Quinta Normal, Isabel Valenzuela (UDI) de Colina, Tomás Vodanovic (FA) de Maipú, Jaime Bellolio (UDI) de Providencia y Christopher White (PS) de San Bernardo. «Cuando un adolescente comete un delito violento, no basta con expresar indignación ni con aprobar penas que parecen duras en el papel. Las víctimas necesitan algo concreto: que la sanción se cumpla y sea proporcional al daño, que el joven sea reinsertado y que el Estado evite nuevas víctimas», sostuvieron los jefes comunales. Ante esto, expresaron su «preocupación» por la idea de derivar el debate a rebajar a 13 años la responsabilidad penal o «aplicar la justicia adulta a adolescentes». Por ello, proponen que «para delitos violentos cuya sanción supere los tres años se aplique régimen cerrado con programas de reinserción efectivos, y que la reiteración de delitos de la misma especie tenga consecuencia efectiva en la pena, con un aumento de hasta un grado, siempre dentro del sistema adolescente». En ese sentido, piden poner la reinserción en el centro del debate mediante «tratamiento de adicciones, continuidad de estudios, salud mental y formación laboral. Sin esas herramientas, el adolescente egresa y el sistema vuelve a fallarles a las víctimas».