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Evaluación, aspectos preventivos y dotación por zonas: Las dudas que deja el plan «Calles sin Violencia» tras ser oficializado
Luego de varios días de trascendidos y desmentidos, ayer el Gobierno dio a conocer que serán 46 las comunas que formarán parte de la estrategia. No obstante, aún quedan dudas sobre su implementación.
Ayer, el Gobierno reveló que serán 46 las comunas que formarán parte del plan «Calles sin Violencia», que el pasado 6 de abril fue dado a conocer por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y luego, por el propio Presidente Gabriel Boric, tras la muerte del cabo Daniel Palma.
Por esos días, el listado contemplaba 30 comunas a intervenir para dotarlas de mayor seguridad, sin embargo, todo se convirtió en una trama de trascendidos y especulaciones, puesto que tras la primera reunión que distintos representantes de las asociaciones de municipios sostuvieron en La Moneda, se conoció que habrían 10 comunas «priorizadas».
Y mientras la semana estuvo marcada por una serie de desmentidos por parte del Gobierno, aparecieron los primeros «malestares» por parte de alcaldes que denunciaron haber sido excluidos del listado, mientras varias voces comenzaron a poner en duda que existiera una real estrategia detrás del anuncio: parecía más bien una reacción apresurada que un plan bien configurado, pese a que se venía diseñando desde enero.
Lo cierto es que el sábado se despejó, en parte, la gran incógnita del listado, pero otros temas no quedaron de todo resueltos, hasta ahora. En conversación con Emol, distintos alcaldes incorporados en las 46 comunas expresaron sus dudas sobre la aplicación del plan. «Sólo nos informaron que existen recursos en algunas áreas y que habría mayor dotación, pero no existe un detalle de lo que significa este plan Calle sin Violencia», dijo ayer la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela (UDI).
En tanto, la alcaldesa de Melipilla, Lorena Olavarría (CS), dijo esperar que se acelere su implementación «y podamos generar todas las coordinaciones para garantizar su éxito»; mientras, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), compartió el diagnóstico que más temprano había hecho su par de Peñalolén, Carolina Leitao (DC), respecto a la necesidad de pensar la delincuencia como un «fenómeno móvil que no distingue entre fronteras comunales».
Las dudas por prevención y medición del plan
En conversación con Emol, expertos concuerdan con la percepción de que el plan debe estar dotado de una mirada más integral, que incorpore otros elementos de prevención, más allá de las acciones que llevarán adelante las policías o el Ministerio Público. Otros, insisten en que continúa la improvisación que «responde a la idea de soluciones buscando problemas».
«No estoy viendo prevención de ningún tipo, ni psicosocial o psicoemocional, no veo cómo van a abordar el temor de las personas. Estas pueden ser medidas que reaccionan ante una crisis y puede que funcionen en este momento grave, para disuadirlo, pero no estamos yendo al fondo del asunto».
Pía Greene, Centro de Estudios para Acción y Prevención en Seguidad Pública y Crimen Organizado, USS
Pía Greene, integrante del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, sostiene que «este plan no está siendo visto con mirada multisectorial e integral. Si bien el Gobierno ha propuesto tres ejes de acción, que parecen sumamente necesarios, como poner más carabineros o persecución penal, no se está teniendo una mirada a largo plazo».
La experta precisa que «no estoy viendo prevención de ningún tipo, ni psicosocial o psicoemocional, no veo cómo van a abordar el temor de las personas. Estas pueden ser medidas que reaccionan ante una crisis y puede que funcionen en este momento grave, para disuadirlo, pero no estamos yendo al fondo del asunto. No sacamos nada con mirar la cifra, tomar una foto del momento y decir ‘bueno, estas son las comunas donde han habido más homicidios y desde acá voy a actuar’, sino que también hay que preguntarse por qué».
Por otro lado, Green dice que tampoco está claro cómo se evaluarán los resultados de plan, «y si no evaluamos las políticas de criminalidad, luego no podemos justificar si estuvo bien o mal la inversión en recursos, además de que te limita la posibilidad de ampliarla o ir adaptándola a las situaciones».
De acuerdo a Marco Moreno, analista político y académico de la Universidad Central, «en general esta decisión de política pública parece tener más de improvisación que de una estrategia estudiada para resolver un problema público. Responde a la idea de ‘soluciones buscando problemas'», comenta.
Esto, porque según su análisis, «no se ha definido bien ni el problema ni sus causas. Se dan a conocer medidas de policía pública que generan dudas entre los actores (alcaldes, policías y ciudadanos) porque no son el resultado de un proceso de formación de políticas públicas sino que responden a un intento de dar señales de que la autoridad se está haciendo cargo del problema», agrega.
Pero el problema aparece, dice, «al no tener un diseño claro ni ser informados a través de una comunicación pública adecuadas para construirles apoyo y legitimidad», lo que termina por «quitarle efectividad a las medidas, porque se ven como acciones improvisadas tendientes a bajar la presión ciudadana».
Los puntos «despejados» del plan
En medio de las dudas que persisten, hay algunos puntos que han sido aclarados por el Gobierno. En primer lugar, que las 46 comunas que serán parte del plan se han seleccionado por la ocurrencia de homicidios según las cifras oficiales del Observatorio de Homicidios, en el cual participan las policías, Servicio Médico Legal y el Ministerio Público, entre otros, todas ellas, concentran el 65% de estos delitos ocurridos en 2022.
En tanto, durante el mes de abril, la intervención comenzará sólo en la comuna de Santiago, mientras que en mayo se avanzará con el resto de las que están incorporadas en el plan, todo aquello, con «una estrategia de acción específica para cada territorio en base a un trabajo coordinado con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público», según se detalló.
En el caso específico de la Región Metropolitana, y pese a que hay sólo 22 comunas que forman parte de «Calles sin Violencia», se aclaró que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública implementará la línea de acción de persecución penal, junto al Ministerio Público, de manera regional, partiendo por la Región Metropolitana.
«El primer elemento que queremos garantizar es la persecución penal efectiva. Si hay un delito violento en esas comunas, ese va a ser perseguido y el responsable va a ser encontrado y sancionado. Por eso, se hace un trabajo con el Ministerio Público, Carabineros y un equipo de la PDI (…) En el caso de la RM, en esta intervención que tiene que ver con persecución penal, no va a haber distinción entre las fronteras de las comunas», indicó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve este domingo en conversación con CHV.
En tanto, la metodología de intervención del plan se diseñó sobre la base de los factores que habitualmente concurren en los territorios donde se producen más delitos violentos: presencia de pandillas, crimen organizado y tráfico de drogas; impunidad penal (delitos graves donde no se han encontrado los responsables o están fugados); tráfico y presencia de armas; y deterioro barrial, tráfico de drogas y consumo problemático de alcohol.
Por último, son tres las líneas principales de acción: la persecución penal efectiva, que busca esclarecer los homicidios y los delitos asociados a ellos; la actividad policial, que implicará un aumento de la presencia de carabineros en patrullajes en sectores altamente conflictivos, priorizando sectores y horarios con mayor probabilidad de ocurrencia de estos delitos; y en tercer lugar, la fiscalización de infracciones e incivilidades. Este último punto contempla la fiscalización de armas, para sacar de circulación aquellas ilegales e irregularers, y también incluye rondas de fiscalización por parte de Carabineros, para poder dar captura a personas con órdenes de detención pendiente.