Un asunto por el que ha sido permanentemente cuestionado el Gobierno, incluso desde sus propias filas, es la respuesta ante el megaincendio que afectó en febrero del 2024 a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. El siniestro de la Región de Valparaíso quedó registrado como una de las emergencias más grandes del país en las últimas décadas. De ella resultaron 130 víctimas fatales y más de 4 mil viviendas destruidas por las llamas. En su despliegue por la zona, el Presidente Gabriel Boric aquilató la situación como «la tragedia más grande que hemos vivido desde el terremoto del 2010». NOTICIAS RELACIONADAS Vallejo acusa «punto político» de Poduje por Contraloría y admite que nadie está «100% conforme» con reconstrucción 306 Informe de Contraloría: Squella dice que Poduje tiene claros los pasos «urgentes» para la reconstrucción 4 La gestión que ha liderado el Ejecutivo, sin embargo, ha concitado una serie de cuestionamientos. El lento avance en la reconstrucción de viviendas fue la principal crítica que la excandidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, enarboló contra el Gobierno, lo que derivó incluso en una confrontación entre la abanderada y el ministro de Vivienda, Carlos Montes, durante la campaña. Más recientemente, el futuro titular del Minvu, Iván Poduje, se enfrascó en una diferencia con el Gobierno por la diferencia en el cálculo de avance de la reconstrucción. Mientras el próximo ministro de José Antonio Kast apuntó que el Ejecutivo solo ha avanzado el 10% de la reconstrucción del total de 4 mil casas destruidas, la cartera de Vivienda defiende que van por el 40% de progreso, considerando solo las viviendas hábiles. Ahora el Gobierno vuelve a ser blanco de señalamientos, con el informe de la Contraloría General de la República que develó una serie de irregularidades graves en la gestión de fondos y recursos públicos. La revisión del organismo fiscalizador complica especialmente a la Delegación Presidencial Regional (DPR) —que en ese momento comandaba la militante comunista, Sofía González— en tanto halló pagos sin respaldo y uso injustificado de trato directo por más de $586 millones en adquisiciones. Sobre el informe, Poduje apuntó contra el Ejecutivo, arguyendo que «esto tiene una doble gravedad, porque, como sabemos, esta reconstrucción ha sido un desastre, las familias están abandonadas y en ese escenario, que se malgasten recursos nos parece absolutamente impresentable». Además, el próximo ministro advirtió que «nosotros vamos a hacernos parte de esta investigación en lo que nos corresponde y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para clarificar cuál fue el destino de estos recursos y empujar la reconstrucción que todavía está pendiente». A su vez, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, acusó que los recursos «han sido utilizados de manera ineficiente» y sinceró que como futuro senador de Valparaíso «duele profundamente» que «los recursos no hayan llegado a las familias que durante dos años han tenido que arreglárselas por su cuenta». En la UDI, los diputados Henry Leal y Hotuiti Teao dirigieron los dardos contra la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, recordando su rol de «ministra enlace» de la emergencia. «Todos nos acordamos, pero en especial las familias damnificadas, que la ministra Vallejo utilizó esta grave tragedia solo para posicionarse políticamente, porque cuando el proceso de reconstrucción se volvió más complejo, no dudó en arrancar, sin dar aviso ni rendir cuentas. Ahora, con este lapidario informe de Contraloría, tiene la obligación de asumir su responsabilidad política de forma honesta y valiente», fustigaron. El fuego amigo también ha sido parte de las reacciones al lapidario informe de Contraloría. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA) —también complicada por las conclusiones del organismo fiscalizador— deslizó una crítica al Ejecutivo, al sostener que «cuando el Estado se entrampa en burocracia, la credibilidad del Estado se pierde». Una formulación que respondió el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, llamando a «mantener una actitud muy responsable». «A veces las emergencias están siendo utilizadas para diferentes tipos de análisis políticos o de golpear al adversario político por diferentes cosas», reparó, exhortando a las autoridades a «estar siempre unidas para poder responder de la mejor forma a la ciudadanía». Respuesta del Gobierno No solo Ramos defendió el actuar del Ejecutivo ante el hallazgo de irregularidades, sino también la portavoz del Ejecutivo. Vallejo aseveró que la DPR «ha estado permanentemente entregando la información y los antecedentes requeridos por la Contraloría» y aseguró que se puso a disposición los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público, al igual que ha iniciado sumarios para dar con eventuales responsabilidades. También Vallejo descartó haber tenido un rol en la gestión de recursos ministra enlace de la emergencia. «Mi labor no era administrativa. Era de apoyo político, obviamente, a esta tarea de poder estar acompañando ese proceso», aclaró. La portavoz del Gobierno también tuvo palabras para las críticas de Poduje. «No faltan los que vean en estas cosas oportunidades para marcar sus puntos políticos», acusó. Quien también salió al paso del informe del ente contralor, fue la exdelegada presidencial de Valparaíso y diputada electa, Sofía González. En redes sociales, la miliante comunista aseveró que «cada medida se adoptó siempre dentro del marco de la ley y sobre la base de informes técnicos y resoluciones administrativas». «Cada vez que advertí situaciones que podían constituir eventuales errores o irregularidades administrativas, instruí de inmediato las investigaciones y sumarios correspondientes. En este caso no fue distinto», dijo y aseguró que «al momento de presentar mi renuncia, el día 15 de noviembre del 2024, existían varios sumarios en curso, precisamente porque actuamos con responsabilidad, rigor y estricto apego a los procedimientos establecidos».
