La balacera registrada ayer en el Colegio Nuevos Horizontes, en San Pedro de La Paz, Región del Biobío, reabrió el debate por la instalación de detectores de metales en los establecimientos educativos, a raíz de la crisis de seguridad y múltiples casos registrados de violencia escolar. El hecho dejó a tres estudiantes heridos, uno al interior de su sala de clases y dos en los estacionamientos del recinto, al intentar increpar a los autores de la balacera. NOTICIAS RELACIONADAS Alcalde de Temuco defiende instalación de detector de metales en liceo pese a multa 69 Balacera al interior de colegio de San Pedro de la Paz deja tres estudiantes heridos 120 Ayer, los ministros de Educación, Nicolás Cataldo, y de Seguridad Pública, Rafael Collado (s), se trasladaron hasta la zona, para reunirse con las autoridades locales y acordar medidas para reforzar la seguridad. Sobre lo ocurrido, Cataldo afirmó que se trata de un hecho «extremadamente excepcional». Esta mañana, en conversación con Radio Universo, fue consultado por la posibilidad de que el Gobierno se allane a la petición de instalar detectores de metales. «No se trata de si nos allanamos o no. Tiene que ver con dos cosas. Primero, no podemos resolver los problemas de vulneración de derechos vulnerando otros derechos». Sin embargo, dijo estar abierto a la conversación de «la utilidad de tener detectores de metales u otro tipo de dispositivos, pero discutamos el fondo, porque en el momento, en la coyuntura, como se dice ‘en caliente’, parecen muy razonables algunas decisiones, pero hay que mirar la evidencia, como ha operado con otras experiencias, y cuál es la capacidad del sistema educativo, y no me refiero solo a la capacidad del Estado, sino que a la capacidad de todos los sostenedores de poder adquirirlos, instalarlos, y luego mantener una operación constante». Cataldo dijo que además hay que resolver problemas prácticos, porque «el detector de metales es útil toda vez que tengamos la capacidad de revisar mochilas, bolsillos, chaquetas, de 3,5 millones de estudiantes que son los que van a clases todos los días». Con todo, subrayó que «la evidencia no es concluyente, las medidas estructurales, según la literatura, que abordan efectivamente los problemas de relacionamiento y convivencia son las más efectivas, y ‘costo-eficientes’ también, porque los recursos no son infinitos». «Creo que hay una discusión bien interesante que hay que abordarla con esa perspectiva. Hoy, decir ‘pongamos detectores’ puede ser lo más popular, y no allanarse puede ser lo más impopular. A mí como ministro de Estado me corresponde actuar en todas las dimensiones del problema, en el corto plazo, pero también pensando a largo plazo. Yo no tengo problemas que lo discutamos y veamos si es una medida que realmente va a ayudar a subsanar esto, pero yo tengo las dudas de que eso efectivamente sea así, por la envergadura de lo que significa y los altos costos». Cataldo también apeló a la normativa vigente, donde «la Superintendencia ha llegado a la conclusión de que esto podría constituir vulneración de derechos; tribunales ha dicho lo contario. Creo que llegó la hora de hacer una síntesis respecto a eso, siempre teniendo a la vista esta perspectiva más técnica».
