Fraude en el Ejército: excomandante Martínez no llega a interrogatorio con ministra Rutherford y recurre a la Corte Marcial con recurso de apelación
A las 9:00 de la mañana estaba previsto que el excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, llegara a la oficina de la ministra en visita de la Corte Marcial Romy Rutherford -que llegó una hora antes para preparar todo- para ser interrogado por la investigación de fraude en la institución castrense. Sin embargo, esto no ocurrió, tensionando más la relación entre la defensa de Martínez, comandada por el abogado Juan Carlos Manríquez, y la magistrada. Dichas relaciones venían mal debido a que la defensa de Martínez pidió este martes cambiar el interrogatorio para después del cambio de mando el 11 de marzo, y que fuera en su casa y no en la oficina de Rutherford, lo que fue desestimado por la jueza.
En las afueras del edificio, la prensa captó la llegada de Rutherford, pero del otro actor no se supo nada. Debía llegar a las 9:00 horas pero eso no ocurrió. Martínez no llegó a comparecer.
Las relaciones entre la defensa de Martínez y la jueza Rutherford no están en su mejor momento, y así lo hizo saber el mismo Martínez ayer, cuando anunció la renuncia a su cargo, cuestionando la investigación que lleva la magistrada.
¿La razón de su inasistencia? La defensa de Martínez, comandada por el abogado Juan Carlos Manríquez, decidió recurrir a la Corte Marcial, presentado un recurso de apelación ante el rechazo de Rutherford a acceder a la petición de que el general declarara en su casa. “Interpongo recurso de reposición con apelación subsidiaria contra la resolución de fecha 2 de marzo de 2022, en cuanto no dio lugar a la presencia del abogado en la diligencia de interrogatorio y no dio lugar a interrogar a mi representado en su domicilio”.
EN SU DEFENSA SU ABOGADO JUAN CARLOS MANRIQUEZ:
´El general Martínez entendió que ahí había una serie de irregularidades, y dispuso que se terminara con ese sistema, y más aun, en ese contexto dispone la apertura de una cuenta única para que, si se estimara que pudiera haber algún conflicto o una cuestión administrativa irregular, se devolviera algunas partes»
